Fuentes revelan que redes organizadas integradas por militares, agentes de migración y civiles utilizan la propia logística de deportación estatal para reintroducir indocumentados al país.
Jorge González
Dajabón, RD.- “El tráfico de haitianos es incontrolable, es inaccesible, eso es un negocio redondo y no tiene control, hay autoridades que son parte de él”, expuso Nelson Ramón Peralta, ciudadano de Loma de Cabrera en Dajabón.
El flujo incesante de inmigrantes indocumentados procedentes de Haití continúa transformando de manera drástica el paisaje urbano del Gran Santo Domingo y las principales provincias del país; pese a los operativos oficiales, las calles evidencian un arraigo masivo.
La presencia de extranjeros sin papeles en mercados informales y construcciones expone una alarmante paradoja institucional frente a las repatriaciones anunciadas. Detrás de esta realidad cotidiana se esconde un engranaje clandestino perfectamente estructurado que burla con facilidad los controles fronterizos.
“Eso es una pantalla mediática que se hace en Migración con los haitianos. Ese negocio deja más que la droga, más que el petróleo, que el oro. El negocio de haitianos aquí es redondo para todo el mundo: Migración, CESFRONT, los guardias, G2, choferes de transporte y los poteas”, agregó Peralta.
Redes en la sombra
Las informaciones conseguidas apuntan a que el tráfico humano no es un hecho aislado o fortuito en las provincias dominicanas. Por el contrario, responde al control de mafias organizadas que operan con impunidad absoluta a lo largo de la frontera nacional.
Estas redes criminales transnacionales coordinan la captación, traslado seguro y la distribución de los extranjeros indocumentados hacia los centros urbanos. El negocio ilícito genera millones de pesos semanales, consolidándose como una de las actividades delictivas más lucrativas de la región.
Uniformes bajo sospecha
El éxito de este lucrativo entramado mafioso resulta imposible de comprender sin la participación activa de sectores oficiales clave. Diversas denuncias comprometen directamente a agentes de la Dirección General de Migración (DGM) encargados de velar por el ordenamiento legal.
Asimismo, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y oficiales del Ejército Nacional forman parte del esquema delictivo. Estos militares reciben altas sumas de dinero para facilitar el tránsito libre por los puestos de chequeo establecidos en las rutas.
El retorno en celdas oficiales
La mayor ironía o paradoja de este negocio delictivo radica en los medios de transporte utilizados para reintroducir a los indocumentados. Una fuente confiable reveló que las mafias emplean los mismos camiones celdas que se usan legítimamente en los procesos oficiales de deportación.
Los vehículos institucionales regresan transportando clandestinamente a decenas de haitianos ilegales y otros que habían sido repatriados. Este sistema de doble uso garantiza total inmunidad en las carreteras, burlando cualquier requisa o control rutinario.
“Prepárese que le diré algo que parece de película. Ahora mismo el mayor tráfico de indocumentados lo están haciendo en los vehículos de migración. Lo que quiero decirle es que los vehículos que traen a los haitianos a la frontera se devuelven llenos de ilegales”, especificó una fuente que exigió reserva de su nombre.
La utilización de la logística estatal por parte de redes delictivas demuestra el nivel de descomposición en los mecanismos institucionales vigentes. El camión que expulsa indocumentados por la mañana regresa por la noche repleto de nuevos clientes bajo pago.
“Piense usted. Quién va a detener a cualquier hora del día, pero principalmente en horas de la tarde o noche, a un vehículo oficial que viene de transportar indocumentados”, agregó la fuente. “Pero menos lo detendrán si son parte del entramado”, concluyó diciendo
Contradicciones en calles
Mientras la Dirección General de Migración publica diariamente cifras récord de indocumentados devueltos a su país natal, los resultados comunitarios parecen invisibles. Los barrios marginados del Gran Santo Domingo muestran una saturación constante de inmigrantes sin un estatus legal aparente.
La ciudadanía observa con desconfianza los constantes operativos de detención que se ejecutan en los espacios públicos de las urbes. Los extranjeros arrestados por las autoridades frecuentemente regresan a sus labores informales apenas horas o días después.
“La verdad no entiendo mucho eso de las deportaciones. Vemos en las calles operativos, y vemos en las noticias las cifras de las deportaciones de las autoridades; sin embargo, los barrios siguen llenos de haitianos caminando de un lado a otro como si nada”, dijo Chris Ortiz, residente en Gualey.
Un desafío para la soberanía
La debilidad institucional frente al tráfico ilegal debilita gravemente la seguridad interna y la soberanía del Estado dominicano en su territorio. La complicidad oficial en las fronteras desautoriza los esfuerzos legítimos de control migratorio y las políticas públicas del Gobierno.
No hay que ser un especialista en geopolítica para saber que desmantelar estas poderosas estructuras mafiosas requiere de una profunda depuración en las fuerzas armadas y organismos civiles implicados. Sin sanciones ejemplares para los militares y agentes corruptos, cualquier plan estatal resultará completamente estéril e inútil.
El control migratorio real solo se alcanzará persiguiendo el millonario negocio del tráfico humano y clausurando las complicidades internas vigentes.
Mientras haya mafias que crucen a grupos de indocumentados por la frontera, medios de transporte públicos que los trasladen, y los camiones celdas sigan funcionando como transporte de doble vía, la frontera continuará siendo una línea puramente imaginaria.
Potea y costo del traslado
Es el término dado (a menudo derivado del creole haitiano) a la persona que trafica o guías inmigrantes indocumentados a través de la frontera entre Haití y la República Dominicana. También se utiliza como verbo para referirse a la acción de cruzar o guiar a estas personas.
Unos 17, 000 pesos cobran para llevar indocumentado a la capital, y 10, 000 pesos para dejarlo en Santiago, según la fuente.
(c) El Nacional
