Ivonne Ferreras / Panorama
En 2022, el Gobierno anunció 800 megavatios de generación eléctrica en Manzanillo como respuesta al déficit y a los apagones. Casi cinco años después, una planta opera parcialmente y la otra sigue en construcción, con entrada prevista para 2028.
Los contratos de concesión no mencionan fianzas de fiel cumplimiento y la Comisión Nacional de Energía (CNE) se niega a revelar información sobre garantías e informes de seguimiento, alegando confidencialidad comercial. Mientras se desplazan los plazos, los consumidores y el Estado siguen asumiendo el costo de sostener un sistema que necesita con urgencia nueva generación.
Una promesa con fecha, un contrato con otra
El complejo de Manzanillo, en Pepillo Salcedo, Montecristi, nació como dos proyectos independientes de generación a gas natural que debían aportar conjuntamente alrededor de 800 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. La promesa gubernamental era ofrecer más electricidad, reducir los apagones y aliviar las facturas de los usuarios.
Casi cinco años después del anuncio, solo una de las plantas ha comenzado las pruebas de puesta en marcha y opera parcialmente. La otra continúa en construcción, con su entrada en servicio prevista oficialmente para 2028.
El primer proyecto, Energía 2000, S.A., conocido como Manzanillo Power Land, firmó su contrato de concesión definitiva el 27 de enero de 2022, con una capacidad posteriormente ampliada a 414 MW. Su artículo 5 establecía seis meses para iniciar las obras y veinticuatro para terminarlas, contados desde la notificación de inicio. Aunque la CNE no facilitó la fecha exacta de esa notificación, el calendario apuntaba a una terminación en torno a 2024.
El segundo proyecto, Manzanillo Gas & Power, S.A., contempla dos bloques de 420 MW, para una capacidad conjunta de 840 MW. Aunque ganó la licitación internacional en 2022 y firmó los contratos de compraventa de energía (PPA) con las distribuidoras en julio de 2023, su contrato de concesión definitiva no se formalizó hasta el 1 de agosto de 2024, dos años y medio después del anuncio presidencial.
Esta diferencia obliga a distinguir entre las promesas políticas y los plazos contractuales de cada empresa. Ambos proyectos forman parte de la misma estrategia, pero sus compromisos y calendarios no son idénticos.
La prórroga que tampoco bastó
El 29 de julio de 2024, Energía 2000 solicitó a la CNE un año adicional para terminar las obras, alegando que faltaba instalar equipos y realizar pruebas. El Directorio de la institución avaló la petición el 7 de agosto y, dos días después, emitió la Resolución CNE-CD-PP-001-2024.
La extensión se contó desde la notificación de la resolución, no desde la solicitud ni desde el vencimiento original. Así, el plazo volvió a correr desde el 9 de agosto de 2024 y se extendió, en principio, hasta el 9 de agosto de 2025.
La CNE también ordenó a la empresa presentar informes trimestrales de avance, como mecanismo de seguimiento durante el período adicional. Sin embargo, las pruebas de puesta en marcha no comenzaron hasta el 27 de marzo de 2026, aproximadamente siete meses después del vencimiento de la prórroga.
La Superintendencia de Electricidad (SIE) solo ha autorizado hasta ahora la operación en ciclo simple, con 285.6 MW de los 414 MW contratados. La operación comercial plena se estima para finales de 2026 o comienzos de 2027, según fuentes consultadas por este reportaje.
La secuencia plantea preguntas esenciales: ¿Qué seguimiento realizó el regulador durante la prórroga?, ¿Qué explicaciones recibió sobre el incumplimiento del nuevo plazo?, ¿se activaron garantías o penalidades? La información facilitada públicamente no permite responder de manera concluyente.
La garantía que nadie confirma
En los proyectos eléctricos, una fianza de fiel cumplimiento puede servir para respaldar determinadas obligaciones y permitir la aplicación de penalidades cuando se producen incumplimientos. Sin embargo, ninguno de los dos contratos de concesión de Manzanillo revisados por este reportaje la menciona expresamente.
El exsuperintendente de Electricidad Juan Gómez, advierte que esa ausencia no demuestra necesariamente que no exista una garantía. La concesión, el PPA y el Contrato de Implementación cumplen funciones distintas; el monto, la vigencia y las condiciones de ejecución de una garantía pueden estar recogidos en este último instrumento.
En el caso de Manzanillo Gas & Power, el PPA contempla una penalidad por tardanza ejecutable mediante una “Garantía-Fiel Cumplimiento”, pero remite el monto exacto al Contrato de Implementación, que ninguna de las partes ha hecho público.
El experto Bernardo Castellanos es categórico. Entiende que el mecanismo del Estado para sancionar el incumplimiento es a través de ese mecanismo: “las Empresas Distribuidoras de Electricidad hace tiempo debieron ejecutar la Garantía-Fiel Cumplimiento de Energía 2000 y Manzanillo Gas &Power”.
Por ello, este medio solicitó formalmente a la CNE la fecha de notificación de inicio de las obras de Energía 2000, la confirmación de si se constituyó una fianza y si fue ejecutada ante el vencimiento del plazo, así como los informes trimestrales exigidos en la resolución de prórroga.
El 2 de octubre de 2026, la institución entregó únicamente la resolución, ya pública, y negó el resto de la información, incluidos los informes de seguimiento. Alegó que esos datos no constituían información pública por afectar derechos privados de la empresa, al amparo de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
“Indudablemente, el regulador le ha estado quedando a deber al país en materia de transparencia, especialmente en lo relativo a cómo se han desarrollado estos procesos y a las sucesivas extensiones de los plazos establecidos”, afirma Gómez.
La negativa impide comprobar si se constituyeron las garantías, si hubo penalidades y si la empresa cumplió la obligación de informar sobre el avance de las obras. No permite afirmar que las garantías no existan, pero sí evidencia que su existencia y aplicación no han podido verificarse con la información entregada.
Anuncios presidenciales y calendario contractual
El ingeniero Bernardo Castellanos examina los retrasos desde la perspectiva de las promesas presidenciales. Recuerda que el 27 de febrero de 2022, ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader anunció la contratación de 800 MW en Manzanillo como “la mayor cantidad de la historia dominicana”.
Castellanos también señala que discursos posteriores, en agosto de 2022 y en 2023, situaron el inicio de la construcción en diciembre de 2022 y establecieron un plazo de 24 meses. Desde esa perspectiva, la entrada en operación debía producirse en 2024, y el país esperaba contar con la capacidad anunciada para alcanzar excedentes de generación hacia 2025. El especialista estima que el proyecto acumula “hasta cuatro años de atraso”.
Los documentos permiten precisar esa lectura. En Energía 2000, el contrato de enero de 2022 fijaba un plazo de terminación que apuntaba a 2024, sujeto a la notificación de inicio. La prórroga concedida en agosto de ese año y el comienzo de las pruebas en marzo de 2026 acreditan un retraso aproximado de dos años frente al calendario contractual inicial.
Manzanillo Gas & Power tiene otra cronología: su concesión se firmó en agosto de 2024, aunque la licitación había sido adjudicada en mayo de 2022 con un plazo original de 36 meses, que apuntaba a una entrada en operación hacia 2025.
Por eso, la fecha de 2028 representa una demora frente a las expectativas iniciales, pero no debe equipararse automáticamente al vencimiento de un plazo contractual sin examinar los instrumentos aplicables.
La distinción importa: un anuncio político genera expectativas públicas, mientras que un contrato establece obligaciones concretas. Sin embargo, ambas perspectivas coinciden en lo esencial: la capacidad prometida no ha llegado en los calendarios anunciados y el país continúa esperando una respuesta al déficit de generación.
2028: la hora de la verdad
El retraso adquiere mayor relevancia ante la disponibilidad de nueva generación para los próximos años. Gómez confirmó que el único proceso de contratación de potencia actualmente abierto es la licitación EDES-LP-NGR-01-2025, dirigida a fuentes renovables, no a generación térmica firme.
La diferencia es importante porque la contribución de cada tecnología depende de su disponibilidad y de las características del sistema. Incorporar energías renovables puede ampliar la oferta, pero no equivale automáticamente a disponer de generación firme para responder a la demanda en cualquier circunstancia.
Manzanillo Gas & Power contempla dos bloques de 420 MW y mantiene oficialmente su entrada en operación para 2028. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas correspondientes a septiembre de 2026, el proyecto registra un avance general del 66.9%. La línea de transmisión está terminada al 100%, mientras el primer bloque alcanza el 68% y el segundo, el 64.5%.
La infraestructura de transmisión terminada no significa que la generación esté disponible. También deben concluirse las plantas y garantizarse los componentes necesarios para su funcionamiento. Entre ellos figura el buque FSRU que suministrará el gas natural, cuya entrada al astillero está prevista para noviembre de 2026, según la información recabada.
Gómez describe el período 2026-2030 como una “ventana de riesgo”, que se agrava hacia 2028 y empeora en 2029 y 2030, mientras aumenta la demanda y la nueva oferta firme no llega al ritmo necesario.
La fecha de 2028 ya supone un desplazamiento respecto de anuncios anteriores que situaban la entrada en operación en diciembre de 2027 y abril de ese mismo año. Si vuelve a modificarse, el sistema dispondrá de menos margen para responder al crecimiento del consumo y a posibles contingencias.
Para hogares y negocios, el riesgo no es una abstracción técnica. Se traduce en la posibilidad de enfrentar apagones ocasionales o dificultades más prolongadas de suministro, según la evolución de la demanda y la capacidad disponible. Un nuevo retraso no implica inevitablemente una crisis, pero reduce las opciones para prevenirla.
Quién paga la factura
Mientras los megavatios prometidos no llegan, el sistema necesita recursos para mantenerse en funcionamiento. Las pérdidas de las distribuidoras y los subsidios que el Estado destina a contener las tarifas forman parte de ese costo.
Para 2026, el aporte público al sector eléctrico se proyecta en alrededor de 2,300 millones de dólares. La cifra dimensiona el esfuerzo financiero que recae sobre las cuentas públicas, aunque no puede atribuirse íntegramente a los retrasos de Manzanillo: el subsidio responde a diversos factores y no se dispone de un cálculo que determine qué proporción corresponde a estas plantas.
La pregunta relevante es qué implica para los contribuyentes que la generación anunciada no esté disponible en los plazos esperados, mientras el país continúa financiando un sistema que necesita cubrir sus costos y atender una demanda creciente.
A esa carga se suma la incertidumbre sobre las garantías contractuales. Cuando este medio pidió a la CNE confirmar su existencia, monto, fecha de constitución y eventual ejecución, la institución se limitó a remitir la resolución de prórroga y negó el resto invocando los artículos 2, 3, 17 y 18 de la Ley 200-04, relativos a la protección de intereses comerciales privados.
La negativa no es un simple detalle administrativo. Impide verificar si las obligaciones de las empresas están respaldadas por garantías y si las autoridades las han aplicado cuando correspondía.
La cuestión de fondo es hasta dónde puede extenderse la reserva comercial cuando la información solicitada se refiere al cumplimiento de obligaciones vinculadas a una concesión que incide en un servicio esencial. No se trata de divulgar indiscriminadamente todos los datos empresariales, sino de determinar qué información debe estar disponible para fiscalizar los compromisos y proteger el interés público.
Tampoco se han revelado los informes trimestrales que la propia CNE exigió a Energía 2000 al conceder la prórroga. Sin ellos, resulta imposible conocer qué información recibió el regulador, qué observaciones formuló y si adoptó medidas frente al retraso.
Una promesa pública exige cuentas públicas
El caso de Manzanillo reúne tres asuntos que no deberían examinarse por separado: el incumplimiento de los calendarios anunciados, la incertidumbre sobre las garantías contractuales y la necesidad de financiar un sistema eléctrico que continúa esperando nueva capacidad.
Cada uno tiene sus particularidades. Energía 2000 dispone de un contrato de concesión firmado en 2022, una prórroga concedida en 2024 y pruebas de puesta en marcha que comenzaron en marzo de 2026. Manzanillo Gas & Power formalizó su concesión en agosto de 2024 y mantiene una fecha oficial de entrada en operación en 2028, con una ejecución general del 66.9% reportada en septiembre de 2026.
No sería riguroso atribuir a ambas empresas el mismo tipo de incumplimiento ni dar por demostrada la inexistencia de garantías que la autoridad no ha confirmado. Pero sí es legítimo exigir explicaciones sobre los compromisos, los cronogramas y los mecanismos que deben proteger al Estado ante eventuales retrasos.
La transparencia resulta todavía más necesaria cuando las autoridades han presentado una obra como respuesta estratégica a un problema nacional. Si los 800 MW fueron anunciados como una solución al déficit eléctrico, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué parte de esa promesa se ha cumplido, cuáles son las causas de las demoras y qué medidas se han adoptado para asegurar la terminación de los proyectos.
También tiene derecho a saber si se han aplicado penalidades cuando corresponden y si los organismos reguladores han ejercido efectivamente sus atribuciones de supervisión. No basta con anunciar nuevas fechas: hay que explicar qué las sustenta, qué riesgos persisten y qué consecuencias se derivan de los incumplimientos anteriores.
El costo de la demora tampoco puede evaluarse únicamente en términos de megavatios que todavía no están disponibles. Debe examinarse junto con las necesidades de inversión, las restricciones del sistema, los recursos públicos destinados al sector y las consecuencias que puede tener una incorporación tardía de la generación sobre la seguridad del suministro.
La investigación deja, por tanto, preguntas que siguen abiertas: ¿Cuándo estarán disponibles los 800 MW originalmente anunciados? ¿Qué garantías respaldan las obligaciones de las empresas? ¿Se entregaron y evaluaron los informes trimestrales exigidos a Energía 2000? ¿Se ha aplicado alguna penalidad? ¿Qué medidas está tomando el Estado para evitar que nuevos cambios de calendario agraven los riesgos para el sistema?
Responderlas no es una concesión a la curiosidad periodística. Es parte de la obligación de rendir cuentas sobre proyectos que comprometen infraestructura, planificación energética y recursos de interés público.
Mientras esas respuestas no lleguen, el país seguirá esperando los megavatios de Manzanillo y financiando el funcionamiento de un sistema que todavía no dispone de toda la capacidad prometida. Los usuarios pagarán sus facturas, el Estado continuará destinando miles de millones de dólares al subsidio eléctrico y las empresas seguirán ejecutando sus proyectos bajo cronogramas que deben ser explicados y fiscalizados.
La verdadera prueba de Manzanillo no consiste solamente en que las plantas terminen de construirse. Consiste en que el Estado demuestre que puede hacer cumplir los compromisos que acepta, exigir responsabilidades cuando los plazos se incumplen y garantizar que la información de interés público no quede encerrada detrás de la confidencialidad comercial. Porque una promesa de generación eléctrica puede retrasarse, pero la obligación de rendir cuentas no debería hacerlo.
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