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Los estudios Paramount exigen a los estados que se oponen a la adquisición de su competidor Warner Bros una fianza de casi 1.900 millones de dólares para cubrir las pérdidas financieras generadas si el acuerdo se retrasa, según documentos judiciales presentados el lunes.
Una docena de estados iniciaron acciones legales para impedir la compra valorada en 110.000 millones de dólares.
Alegan que la adquisición del legendario conglomerado de Hollywood, financiada con recursos petroleros de Oriente Medio, minaría la competencia en la industria del cine y derivaría en pérdida de empleos.
Paramount es dirigida por David Ellinson, cuya adinerada familia es aliada del presidente estadounidense Donald Trump. La compañía lanzó la millonaria oferta para hacerse con el control de un conjunto de activos que incluye Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.
Quienes se oponen en la industria cinematográfica afirman que la empresa resultante recortaría empleos en Hollywood, reduciría el número de películas que se producen cada año. Grupos de medios informativos temen que la independencia de CNN se vea sometida a control.
La demanda interpuesta el lunes refleja la presión sobre Paramount, ya que se aplicará una «multa por demora» de 7 millones de dólares diarios para los accionistas de Warner Bros. Discovery si la fusión no se ha cerrado para el 1 de octubre.
La demanda intenta blindar a Paramount frente a esos costos, que afirma solo se acumularán debido a la acción legal en curso.
Si un juez aprueba la medida en una audiencia el miércoles, California y los otros 11 estados, así como el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que también presentaron una demanda para bloquear la fusión, tendrían que hacer el millonario desembolso si su acción legal fracasa.
La semana pasada, Ellison amenazó con trasladar la compañía fuera de California si el fiscal general del estado, Rob Bonta, no negocia un acuerdo para resolver las demandas.
Bonta calificó la amenaza de «chantaje».
El gobierno federal de Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno británico ya han dado su visto bueno a la adquisición.
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