SANTO DOMINGO. R.D.— En la presente gestión del PRM, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) no sale de un escándalo. Nueva vez, esa importante institución es tema de conversación nacional, no porque haya mejorado la calidad de la alimentación y el bienestar de nuestros estudiantes del sector público, sino por el manejo poco institucional y de transparencia con que opera.
El Partido de la Liberación Dominicana hace notar que, El INABIE tiene la responsabilidad de propiciar la alimentación de los estudiantes del sector público, por lo cual en este año 2026 dispone de un presupuesto de gastos que supera los 43 mil millones de pesos, para suplir alimentos a más de 2.3 millones de estudiantes; lo que de por sí conlleva un altísimo compromiso con el bien hacer y la transparencia.
Cada licitación que el INABIE ha realizado en el presente gobierno, ya sea para la adquisición de alimentos, de calzados o de otros insumos escolares, ha traído consigo un cúmulo de cuestionamientos y denuncias de irregularidades que, por su magnitud, transcienden las fronteras de esa institución y salen a la luz pública poniendo de manifiesto situaciones que ameritan ser explicadas.
En esta ocasión le correspondió a la licitación marcada con la referencia INABIE-CCC-PLN-2025-0045, destinada a la contratación de la alimentación escolar para los años 2026-2028. Lo primero que llama la atención es que, el pliego de esa licitación fue publicado el día 12 de noviembre del año 2025 y transcurridos 10 meses es cuando finalmente se producen las adjudicaciones y las subsiguientes contrataciones de suplidores; precisamente cuando el año escolar ya estaba prácticamente iniciando. Y aquí cabe preguntar: ¿por qué tantas modificaciones en el camino?
Entre esos cambios hay decisiones que requieren explicación pública. La primera enmienda al pliego de licitación se produjo en enero del presente año. Mediante esa enmienda, fueron retirados tres documentos fundamentales que les eran requeridos a los aspirantes a suplidores: las facturas que acreditaban servicios previos de alimentación, la evidencia de inversión en equipos exigida a las nuevas cocinas y los movimientos financieros de los últimos seis meses de las empresas interesadas.
Corresponde establecer por qué eliminaron estos mecanismos anticorrupción, bajo qué justificación técnica se sustentó y cuáles controles equivalentes se aplicaron después.
En este punto, es necesario recordar que antes del año 2020, durante la gestión del PLD, se prohibía adjudicar centros educativos que implicaran desplazamientos que pusieran en juego la calidad de los alimentos servidos. Se establecían límites como una condición obligatoria, cuyo incumplimiento no podía compensarse con puntos por capacidad instalada ni por ningún otro concepto. Pero, además, era obligatorio transportar los alimentos en vehículos cerrados para evitar la contaminación en el trayecto.
Las denuncias que han salido a la luz públicas son múltiples. Quizás la más conocida es la de San Pedro de Macorís, donde tres jóvenes con poca experiencia y dueños de empresas recién creadas obtuvieron contratos por más de 110 millones de pesos para suplir alimentos en centros escolares de esa provincia. Sobre ese mismo caso, ha salido a relucir la existencia de múltiples irregularidades. Sobre el particular, el director de INABIE ha declarado que están haciendo correcciones y que a la fecha han suspendido 42 empresas, de las cuales seis son de San Pedro de Macorís. La medida, a todas luces, es insuficiente.
Lo correcto es investigar a profundidad las causas que determinaron las irregularidades, determinar qué o cuáles situaciones se produjeron en el camino hasta llegar a esas adjudicaciones. El problema de fondo no se resuelve con la suspensión de centros. Esto último deja intacta las causas de las irregularidades y a quienes las pudiesen haber generado.
Igualmente, la información suministrada por el director del INABIE de que todavía está visitando establecimientos de cocinas para determinar si efectivamente cumplen con las especificaciones del pliego de condiciones de la licitación, es una evidencia expresa de la improvisación y la poca responsabilidad que exhibe la institución. Esas investigaciones debieron haberlas hecho antes de aprobar y contratar las empresas suplidoras.
Citamos otras denuncias de situaciones no menos relevantes, y que estarían ocurriendo: una de ellas relata que, bajo un esquema mafioso, para obtener una adjudicación sustanciosa de raciones había que pagar entre 1.5 y 2 millones de pesos.
Es de rigor decir que, cuando alguien solicita dinero de un suplidor a cambio de garantizar un determinado número de raciones alimenticias y un contrato millonario, está encareciendo el producto o mermando la calidad del servicio de alimentación. Son esos los mecanismos que usarían los suplidores para recuperar el dinero dado a cambio de las raciones obtenidas. En otro sentido, cuando se conceden millonarios contratos a empresas sin experiencia en desmedro de aquellas que sí la tienen, se están poniendo en peligro de desaparecer a las últimas; lo que no resiste justificación alguna.
También ha sido denunciado que existen centros escolares cuya matrícula es inferior a la cantidad de raciones que les fueron contratadas; esa denuncia es sumamente grave. En esos casos, se estaría sustrayendo dinero del erario público de manera aviesa en detrimento de los estudiantes y de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Es una denuncia que por su naturaleza amerita ser investigada; lo que no es difícil. Bastaría con hacer un levantamiento exhaustivo en los centros educativos del total de personas que almuerzan en el mismo y compararlo con la cantidad de raciones alimenticias consignadas en el contrato de las empresas que suplen los alimentos.
En el PLD, como principal partido opositor y con la responsabilidad que nos caracteriza ante el pueblo dominicano, no podemos dejar pasar por alto estas denuncias, ni permitir que las mismas mueran en el olvido. Y no podemos permitirlo, porque se trata de situaciones que ponen en peligro el bienestar de nuestros estudiantes e implicarían acciones que se contraponen a la honestidad con que deben ser manejados los recursos públicos.
El PLD, como partido con un compromiso comprobado en la acción con el bienestar estudiantil dominicano, demandamos aplicar las siguientes medidas:
Deben examinarse todos los expedientes, contrastar las calificaciones con las evidencias originales, revisar las actuaciones de los peritos y verificar la capacidad efectiva de los proveedores contratados, para determinar si hubo fallas aisladas o prácticas extendidas y coordinadas; identificar responsabilidades y comprobar si se aplicaron las mismas reglas a todos los participantes.
En particular, debe investigarse el traslado de equipos entre cocinas, reconocido por el INABIE en su comunicado, para esclarecer la posible coordinación entre supuestos oferentes destinada a simular, durante las inspecciones, capacidades que no podían sostener simultáneamente, y si hubo colusión, permisividad, negligencia o complicidad interna.
El PLD empeñado en coadyuvar al fortalecimiento del INABIE, dada su importancia para el fortalecimiento de la educación, para el desarrollo de las economías locales, para el fortalecimiento del sector MIPYMES y para el desarrollo de una industria nacional de alimentos, solicitamos:
Investigar a profundidad todas las denuncias que han salido a la luz pública y tomar los correctivos que sean necesarios.
Velar por el fortalecimiento del sector MIPYME generando soluciones que redunden en beneficio del sector.
Actuar siempre conforme a lo establecido en las normas, garantizando en todo proceso de licitación los principios de transparencia, equidad y buenas prácticas, y dando continuidad a los procesos que se llevaron a cabo en el PLD, sin que nunca se haya registrado escándalo.
Mantener una vigilancia constante del rol que juegan los peritos que intervienen en el proceso de calificar a las empresas que participan en los procesos de licitación y del funcionariado vinculado en los mismos.
El Partido de la Liberación Dominicana seguirá atento a los aspectos que afectan la familia dominicana, en un momento en el que los estudiantes, padres y maestros padecen la improvisación y la falta de un PLAN del Gobierno PRM, que desde 2020 lleva al país sin rumbo por empedrados caminos.
