SANTO DOMINGO. R.D.— El Partido de la Liberación Dominicana considera preocupante que el Gobierno y la mayoría congresual del PRM continúen impulsando reformas de alto impacto económico y social sin construir los consensos necesarios, sin escuchar a las instituciones responsables, a los sectores involucrados ni presentar los estudios técnicos que justifiquen sus decisiones.
La modificación a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos vuelve a reflejar esa forma de gobernar.
Apenas un año después de promover y promulgar la Ley 98-25, el propio Gobierno impulsa una nueva reforma, reconociendo en los hechos que la legislación anterior requería correcciones.
Sin embargo, vuelve a repetir el mismo procedimiento: una aprobación acelerada en el Senado, mediante un trámite de urgencia, sin estudios especializados suficientes y sin un proceso amplio de consulta.
El PLD recuerda que el 23 de junio de 2025 fijó públicamente su posición sobre la reforma a la Ley 225-20.
En esa oportunidad advertimos que la iniciativa contenía disposiciones que limitaban las competencias de los gobiernos locales, planteamos la necesidad de preservar la libre competencia y la libertad de empresa, y propusimos que las contribuciones ambientales fueran proporcionales, progresivas, vinculadas a metas verificables y sustentadas en fundamentos técnicos.
Ninguna de esas recomendaciones fue incorporada en la promulgada Ley 98-25. Hoy, apenas un año después, el Congreso vuelve a modificar la misma ley, confirmando que el problema nunca fue la ausencia de advertencias, sino la falta de disposición del Gobierno para escuchar.
Precisamente ese ha sido el compromiso del Partido de la Liberación Dominicana. Desde el inicio de nuestras ruedas de prensa hemos asumido una oposición responsable, presentando propuestas, formulando recomendaciones y señalando alternativas que contribuyan a mejorar las políticas públicas y al bienestar colectivo.
Reconoce que el nuevo proyecto procura corregir parcialmente algunos problemas de proporcionalidad de la reforma anterior al establecer una escala de contribuciones más gradual.
Sin embargo, una política ambiental no puede medirse únicamente por lo que recauda; debe medirse por su capacidad para reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y producir resultados ambientales verificables.
El PLD considera que el principio de quien más contamina debe contribuir más constituye un criterio correcto de política ambiental.
Pero ese principio solo puede aplicarse cuando existe información verificable que permita identificar quién genera realmente mayores volúmenes de residuos y cómo distribuir las contribuciones de forma objetiva, proporcional y transparente.
De lo contrario, utilizar exclusivamente el nivel de ingresos como criterio puede generar distorsiones entre la capacidad económica de una empresa y su impacto ambiental efectivo.
El país merece respuestas claras a tres preguntas fundamentales:
- ¿Responde esta nueva contribución a la generación real de residuos o únicamente al nivel de ingresos de las empresas?
- ¿Ha evaluado el Gobierno cuál será el impacto de este incremento sobre el precio final de los bienes y servicios que consume la población, especialmente los hogares de menores ingresos, si esos mayores costos terminan siendo trasladados a los consumidores?
- ¿Cómo se justifica que, apenas semanas después de la aprobación del denominado Plan Anticrisis, se impulse una nueva contribución especial sin que se conozca una evaluación de su impacto conjunto sobre la inversión, el empleo, la competitividad y el costo de vida?
Resulta preocupante que una reforma de esta magnitud avance sin que se haya informado al país cuál fue la participación técnica del Ministerio de Medio Ambiente, del Fideicomiso DO Sostenible y de otras instituciones directamente responsables de ejecutar la política nacional de residuos.
