De la crisis de 1990 al shock bancario de 2003, la pandemia de 2020 y la coyuntura actual, la clase política dominicana ha repetido un patrón: dialoga cuando la presión aprieta, pero rara vez toca el corazón del gasto político
Abraham Marmolejos*
Hay una escena que se repite en la historia dominicana con la puntualidad de un reloj mal calibrado: llega la crisis, el Gobierno de turno anuncia sacrificios, y los partidos, oficialismo y oposición, comienzan a negociar quién paga el costo político del ajuste. El pueblo, mientras tanto, ya está pagando el costo real.
La República Dominicana ha enfrentado al menos tres momentos de presión económica severa en las últimas tres décadas y media: la crisis inflacionaria de 1990, la debacle bancaria de 2003 y el shock pandémico de 2020. Cada uno tuvo su propio origen, su propia magnitud y sus propios protagonistas. Pero en todos ellos, la clase política dominicana exhibió patrones que vale la pena examinar con frialdad, sin panfleto ni hagiografía, ahora que el país enfrenta una nueva presión externa asociada al aumento del petróleo y a la incertidumbre internacional.
1990: el fuego de la inflación y el pacto de los que mandan
El nuevo mandato de Joaquín Balaguer arrancó sobre una economía al límite. La inflación se disparó, el poder adquisitivo se deterioró con rapidez, los precios subían de forma acelerada, el desabastecimiento golpeaba productos esenciales y las filas en estaciones de combustibles se convirtieron en una imagen recurrente de aquel momento. El Producto Interno Bruto (PIB) cayó alrededor de 5.5 % en 1990, mientras el país enfrentaba una de sus peores crisis macroeconómicas contemporáneas.
La respuesta política tuvo una forma institucional que contrasta con otros episodios posteriores. Balaguer convocó a actores económicos, políticos y sociales y promovió el llamado Pacto de Solidaridad Económica, un acuerdo de estabilización que abrió paso a reformas fiscales, monetarias, arancelarias y laborales. El objetivo era recuperar estabilidad, corregir desequilibrios y reconstruir la confianza económica.
La oposición de entonces, encabezada por fuerzas como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no podía ignorar la magnitud de la crisis. Participar del diálogo implicaba asumir parte del costo simbólico del ajuste; quedarse fuera podía lucir irresponsable ante una emergencia evidente.
Lo que siguió fue una estabilización real. Durante los años noventa, la economía dominicana inició un ciclo de crecimiento sostenido que ayudó a cambiar su perfil productivo y su inserción internacional. Pero el costo social del ajuste recayó, como suele ocurrir, sobre los sectores de menores ingresos.
La lección de 1990 es clara: el sistema político dominicano puede actuar con relativa cohesión cuando la crisis es visible, profunda y políticamente imposible de negar. Pero también muestra que los pactos de emergencia suelen ordenar la economía antes que democratizar el costo del sacrificio.
2003: la quiebra que nadie quiso ver venir
Si 1990 fue una crisis agravada por desequilibrios macroeconómicos y aislamiento financiero, 2003 fue una crisis nacida desde adentro del sistema. La quiebra fraudulenta del Banco Intercontinental (Baninter) expuso fallas de supervisión, complicidades financieras y una relación peligrosa entre poder económico, regulación débil y poder político.
El fraude de Baninter fue estimado en alrededor de RD$55,000 millones, equivalentes a unos US$3,100 millones. La crisis arrastró también a otras entidades financieras, provocó presiones sobre el peso dominicano, aceleró la inflación y elevó de forma significativa la deuda pública. Informes internacionales de la época señalaron que los problemas bancarios contribuyeron a una fuerte presión cambiaria, al deterioro de la confianza y a una crisis macroeconómica de gran escala.
El Gobierno de Hipólito Mejía optó por proteger a los depositantes y enfrentar el colapso financiero con asistencia pública, una decisión que evitó un pánico mayor, pero tuvo un costo fiscal y monetario enorme. La inflación terminó el año en torno al 42.7 %, según registros utilizados en análisis económicos internacionales de la época.
La reacción de la clase política fue menos de pacto y más de deslinde. El oficialismo defendió sus decisiones como necesarias para evitar un colapso mayor; la oposición, especialmente el PLD, convirtió la crisis en un argumento central de campaña. Leonel Fernández ganó las elecciones de 2004 prometiendo estabilidad, orden macroeconómico y competencia técnica.
La crisis bancaria no produjo un gran acuerdo nacional de responsabilidades compartidas. Produjo, sobre todo, un cambio de gobierno. El sistema político procesó el colapso como arma electoral antes que como oportunidad para una rendición de cuentas integral.
La lección de 2003 es más incómoda: cuando la crisis tiene responsables visibles dentro del propio sistema, los partidos prefieren el deslinde a la autocrítica, y la oposición convierte la emergencia en plataforma de retorno al poder.
2020: la pandemia y el cambio de guardia
El COVID-19 golpeó a la República Dominicana en un momento políticamente peculiar: en plena transición electoral. El presidente Danilo Medina declaró el estado de emergencia en marzo de 2020, las elecciones fueron afectadas por la pandemia y el país terminó entregando el poder a Luis Abinader en agosto de ese año, en medio de la mayor contracción económica dominicana en décadas.
La economía cayó 6.7 % en 2020, según registros del Banco Central de la República Dominicana y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
La respuesta del Gobierno saliente se apoyó en programas de emergencia como Quédate en Casa, FASE y Pa’ Ti, diseñados para sostener ingresos de hogares, trabajadores formales suspendidos y trabajadores independientes durante el cierre económico. El Congreso autorizó el estado de emergencia y sus sucesivas prórrogas, en un contexto en el que la discusión política quedó condicionada por la urgencia sanitaria.
La oposición, encabezada por el PRM, mantuvo una línea de crítica moderada. No era fácil hacer oposición agresiva en medio de una pandemia global, pero tampoco había incentivos para asumir los costos de un gran acuerdo nacional con un gobierno saliente y desgastado.
Cuando Abinader llegó al poder, heredó una economía golpeada, mayor presión fiscal, endeudamiento adicional y una ciudadanía cansada de restricciones. La crisis sanitaria aceleró un cambio político que ya venía en marcha, pero no generó un gran pacto nacional entre partidos.
La lección de 2020 es que, ante una crisis sanitaria, la clase política puede moderar el tono, pero no necesariamente construir consensos duraderos. El oficialismo administra la emergencia; la oposición calcula el costo de atacar; y el país queda a la espera de reformas que casi siempre se posponen.
2026: el mismo libreto, nuevo escenario
La coyuntura actual tiene otro origen: la presión externa derivada del conflicto en Medio Oriente, el aumento de la factura petrolera y la necesidad de contener el gasto público. El Gobierno anunció un plan para reducir gastos por cerca de RD$40,000 millones, con medidas sobre combustible, publicidad, viáticos, compras de vehículos y otros gastos operativos. Entre las medidas más visibles figura la propuesta de reducir en 50 % el financiamiento público a los partidos políticos.
La reacción de la clase política fue inmediata.
El PLD rechazó el recorte al financiamiento partidario, lo consideró insuficiente como respuesta fiscal y planteó que el problema de fondo no está en los recursos de los partidos, sino en el gasto corriente del Estado. El argumento tiene una base técnica parcial: la Junta Central Electoral (JCE) aprobó para 2026 una distribución de RD$1,620 millones entre 41 partidos políticos con personería jurídica. Un recorte de 50 % representaría RD$810 millones, una cifra pequeña frente a la meta oficial de ahorro de RD$40,000 millones.
Pero también hay un interés evidente: ningún partido quiere perder recursos propios, especialmente en un sistema donde el financiamiento público sostiene estructuras territoriales, nóminas políticas, operaciones internas y presencia mediática.
La Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández, fue más lejos. Fernández acusó al Gobierno de usar la guerra en Medio Oriente como excusa para justificar una crisis que, según él, tiene raíces previas en el clientelismo, el endeudamiento, la expansión del gasto corriente y la nómina pública.
El planteamiento tiene una dimensión política evidente, pero conecta con un debate real: si la crisis se debe solo al shock externo o si el país llegó a esta coyuntura con vulnerabilidades fiscales acumuladas.
Los partidos minoritarios, como ha ocurrido en otras coyunturas, reclamaron mayor participación en el diálogo. Varios dirigentes de organizaciones pequeñas denunciaron que fueron dejados de lado en las consultas iniciales, mientras el Gobierno informó luego que serían convocados para discutir el impacto de la crisis internacional.
La JCE, por su parte, advirtió que una reducción abrupta del financiamiento a los partidos podría afectar el funcionamiento del sistema democrático y recordó que esos recursos están regulados por el marco legal vigente.
El resultado es un cuadro conocido: el Gobierno presenta austeridad; la oposición denuncia improvisación; los partidos defienden sus recursos; y la discusión pública se concentra en el gesto más visible, no necesariamente en el componente más estructural del gasto.
Lo que cambia, lo que se repite
Comparar estas cuatro coyunturas permite identificar algunos patrones persistentes en la política dominicana.
Lo primero que se repite es el uso electoral de la crisis. La oposición, sea cual sea su color, tiende a leer cada emergencia como una oportunidad para erosionar al Gobierno. Eso ocurrió en 2003, se vio de forma más moderada en 2020 y vuelve a aparecer en 2026.
También se repite la tendencia del oficialismo a presentar medidas de austeridad que atacan partidas visibles, como publicidad, viáticos, combustibles o financiamiento partidario, pero dejan pendiente una discusión más profunda sobre la estructura del gasto público, el tamaño de la nómina, la calidad del gasto, los subsidios mal focalizados y los compromisos clientelares.
Otro patrón es la debilidad del diálogo con los partidos minoritarios. En los momentos de crisis, los gobiernos suelen buscar legitimidad en los actores de mayor peso político, empresarial o social. Las organizaciones pequeñas quedan en los márgenes o son convocadas tarde, cuando la orientación general de las medidas ya está definida.
Lo que cambia es la velocidad del debate. En 1990, una crisis tardaba semanas o meses en procesarse políticamente. En 2026, la reacción ocurre en cuestión de horas, impulsada por redes sociales, titulares digitales y vocerías partidarias que compiten por posicionamiento inmediato.
También cambió la estructura del sistema de partidos. En 1990, la política dominicana giraba alrededor de tres grandes fuerzas con liderazgos claramente identificables. Hoy el mapa está más fragmentado, con partidos grandes, medianos, minoritarios y alianzas variables, lo que dificulta grandes pactos, pero también diluye responsabilidades.
Y cambió la exposición internacional. La República Dominicana de 2026 está mucho más integrada al comercio, al turismo, a los mercados financieros, a las remesas y a la volatilidad energética global. Eso hace que los shocks externos se sientan más rápido, pero también exige respuestas institucionales más sofisticadas.
La pregunta que la clase política evita
Hay una pregunta que ningún partido dominicano, ni el que gobierna ni los que esperan gobernar, ha respondido con suficiente honestidad en estas crisis: ¿qué parte del costo están dispuestos a pagar ellos mismos?
No se trata solo del recorte al financiamiento partidario, que puede tener alto impacto simbólico y bajo impacto fiscal. Se trata de una pregunta más profunda: ¿están dispuestos los partidos a discutir el sistema de clientelismo que hace que cada crisis termine recayendo sobre los mismos sectores? ¿Están dispuestos a revisar la nómina política, los contratos discrecionales, los gastos duplicados, los subsidios que no llegan a quienes más los necesitan y la relación entre recursos públicos y lealtades partidarias?
La historia dominicana sugiere que la respuesta, hasta ahora, ha sido insuficiente.
En 1990, hubo pacto y estabilización, pero el costo social fue alto. En 2003, hubo rescate y cambio de gobierno, pero poca autocrítica estructural. En 2020, hubo emergencia sanitaria y asistencia masiva, pero no un pacto duradero de reforma. En 2026, la discusión vuelve a girar en torno al sacrificio, pero todavía no toca del todo el corazón del gasto político.
Los partidos dominicanos han demostrado capacidad para administrar crisis. Lo que no han demostrado con la misma consistencia es voluntad para prevenirlas. Ese no es un juicio moral. Es un patrón. Y los patrones, a diferencia de los discursos, no mienten.
(c) Publicado originalmente el periódico acento (18.05.2026)
*Abraham Marmolejos: Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido.
