Richard Medina

En 2024 se aprobó la Ley No. 35-24 de Responsabilidad Fiscal. Esta ley creó dos reglas fiscales para República Dominicana. Primero, establece que el crecimiento del gasto primario del Gobierno General Nacional sea inferior a la inflación más 3%. Segundo, dispone que la deuda pública no supere el 40% del PIB en 2035.
Luego de aprobarse, varios expertos plantearon que la ley era insostenible en el tiempo, que empujaría a la baja el gasto de capital y que el mismo gobierno terminaría incumpliendo la regla de gasto. Todo lo anterior ha pasado.
Sobre el primer punto, la ley plantea un crecimiento del gasto primario que no era compatible con lograr reducir la deuda pública a 40% del PIB en 2035 sin que hubiese una reforma fiscal de gran magnitud. Implícitamente se asumía la necesidad de una reforma fuerte que aumentara impuestos y/o redujera el gasto público. La reducción o contención del gasto es una tarea pendiente del gobierno.
Entre 2024 y 2026, la inflación anual ha sido 4.5% promedio, mientras que la economía ha crecido apenas 3.8% promedio anual. Esto último explica algunas opiniones profesionales que dicen que gobiernos anteriores no hubiesen cumplido la regla fiscal del gasto. Por supuesto que no la cumplirían, porque en el pasado la inflación era mucho más baja que el crecimiento de la economía, lo cual era algo positivo. Como la inflación ha crecido más que la economía en los últimos tres años, el gobierno puede aumentar el gasto a una tasa superior a la necesaria para que la deuda pública baje a 40% del PIB en 2035.
Respecto al segundo punto, como el gasto primario debe crecer máximo a una tasa de inflación más 3%, las partidas vinculadas al crecimiento nominal de la economía (inflación más un crecimiento real de 4% potencial) restringen a los demás gastos.
Como ejemplo de esto último se puede mencionar el 4% del PIB para educación preuniversitaria y las transferencias corrientes para cubrir el déficit de las EDES. Estas hacen que otras partidas relevantes tengan que crecer menos para compensar. La partida predilecta para hacer este ajuste es precisamente la inversión pública, por la facilidad con que esta puede ser ajustada.
Sobre el tercer punto, el incumplimiento era previsible. En 2026 se debe al aumento de los subsidios a los combustibles; sin eso, el incumplimiento de la regla se habría producido al intentar aumentar el gasto de capital para financiar obras prioritarias.
La ley de responsabilidad fiscal debe reformarse. Primero, que el gasto crezca al menos al ritmo de la economía si se mantiene la regla de un nivel de deuda pública objetivo. Segundo, que la regla del gasto deje fuera el gasto de capital en sectores prioritarios (transferencias para agua potable y saneamiento o reducción de pérdidas de las EDES). Tercero, que se revise si es realista lograr una reducción de la deuda pública a 40% del PIB en 2035. Y cuarto, tener cláusulas de escape que le permitan al país expandir su gasto en subsidios para momentos de aumentos de precios internacionales del petróleo o el trigo.
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