El 83% de los dominicanos considera que en las plataformas digitales circula información falsa, una de las proporciones más elevadas de América Latina y el Caribe
República Dominicana se ubica entre los países de América Latina y el Caribe con mayores niveles de percepción de desinformación en redes sociales. El Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que el 83% de los dominicanos considera que en estas plataformas circula información falsa.
La proporción dominicana supera el promedio regional de 76% y se sitúa al nivel de Brasil y Colombia, solo por debajo de Uruguay (87%) y Chile (84%).
El organismo sostiene que la desinformación se ha convertido en una presión creciente sobre las democracias de la región debido a su capacidad para profundizar la desconfianza institucional y aumentar la polarización política.
Según los datos, el 34.9% de los latinoamericanos considera que estas plataformas empeoran la política. De hecho, la percepción de que circula información falsa es alta en todos los grupos etarios, con niveles particularmente elevados entre los más jóvenes. Sin embargo, cuando se evalúa si las redes sociales empeoraron la política, la proporción aumenta con la edad, y pasa del 26.5% entre los más jóvenes a más del 40% entre los mayores de 55 años.
El informe también señala que más de la mitad de los latinoamericanos estaría dispuesta a respaldar medidas para controlar las noticias falsas, aun cuando eso implique restricciones a la libertad de expresión.
De acuerdo con el PNUD, la alta exposición a contenidos engañosos en redes sociales coincide con un contexto de debilitamiento de la confianza en los medios tradicionales y las instituciones públicas.
El documento advierte que las plataformas digitales han transformado la esfera pública y los mecanismos de deliberación democrática, lo que obliga a los Estados a fortalecer las capacidades de alfabetización digital, la transparencia informativa y la creación de espacios de diálogo que permitan procesar las diferencias políticas sin deteriorar las libertades fundamentales.
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