SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la nulidad absoluta de la privatización de la emisión de los pasaportes dominicanos.
Según el presidente del CARD Miguel Surún Hernández, la resolución 04-2023, de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, fue aprobada de manera ilegal y fraudulenta.
Durante su visita al TSA, Surum Hernández aseguró que esa resolución es inconstitucional y fraudulenta porque se podría entregar a empresarios haitianos el control de la emisión de Pasaportes y Datos Biométricos de dominicanos, lo que según él representa un grave atentado a la seguridad nacional,
Reveló que resulta sospechosa la supuesta crisis que meses atrás hubo en la Dirección General de Pasaportes por la falta de libretas para la emisión del documento, lo cual podría ser intencional para justificar la privatización, máxime cuando la empresa MIDAS DOMINICANA, S.A., suplidora de las libretas, resulta adjudicataria de la privatización.
Señaló que otro elemento que es cuestionables es que, no solo dicho proceso de privatización se realizara con una inversión aportada por el Banco de Reservas en su totalidad, mediante un supuesto fideicomiso, sino que además dicha empresa se quedaría con el 90% de los ingresos brutos generados por dichas operaciones de emisión de pasaportes, en un claro atentado contra los intereses del Estados, pues quien busca el dinero es el Estado, que solo recibe el 10% del negocio, aseguró el jurista.
Afirmó que empresarios haitianos, que fueron sancionados por Canadá, podrían ser los beneficiados con la emisión de los pasaportes
Otra revelación hecha por Surún Hernández, es que detrás del proceso de privatización se encuentra GB Group, quien en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, propiedad de Gilbert Bigio, supuesto socio de un asesor empresarial del Poder Ejecutivo, de hacerse con el negocio de los pasaportes, recibirán financiamiento por el total de la inversión mediante fideicomiso del Banco de Reservas por el monto de los US$107,000,000.00.
Es por ello, que lamentó que se atente contra la soberanía e identidad nacional al entregársele a extranjeros la facultad de identificar quien o no merece el documento dominicano.
Dijo que además de lo antes expuesto, reiteró que ese proceso es nulo de pleno derecho por haber sido realizado, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada al tenor del Párrafo I, del artículo 40 de la Ley 47-20, que consagra que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas.
