Por Escarlin Pozo. El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.- Al hablar sobre la tragedia ocurrida en Jet Set, luego de publicarse en algunos medios de comunicación sobre la supuesta inmovilización de bienes del dueño del club, Antonio Espaillat, el abogado Francisco Álvarez Martínez afirmó que el Ministerio Público tiene la potestad de solicitar a un juez competente el congelamiento de fondos y de bienes cuando lo considere necesario.
El abogado mostró, sin embargo, escepticismo de que tal medida se haya ejecutado. Explicó que existe la posibilidad de que las autoridades soliciten a la Superintendencia de Bancos y de Valores la emisión de informes de las cuentas de Espaillat, así como información de sus inmuebles.
“Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias en caso de que eso fuese cierto? –sobre la inmovilización– Número uno, se le pone, y lo digo en sentido ilustrativo, un sello a todo los bienes que tenga la empresa. Lo que va a impedir que la persona pueda disponer de ellos”, precisó el experto al conversar con los conductores del programa «El Día», de Telesistema.
Al referirse a la cobertura frente a los daños causados por el desplome del techo de la discoteca, que dejó 232 fallecidos y más de 180 heridos, el abogado indicó que el seguro contratado pudiera funcionar como una garantía complementaria.
Sin embargo, puntualizó que si el monto asegurado resulta insuficiente, la empresa deberá responder por la diferencia.
“Ahora, si el daño supera esas condiciones, evidentemente, la persona, en este caso la empresa, tiene que responder por esa diferencia porque el seguro que contrata la persona de la discoteca no se va a imponer al tercero que sufrió el daño. Eso es, como aquí dice, una garantía del dueño del negocio, pero no es algo que va a condicionar la posibilidad de la víctima, del afectado o de las personas vinculadas a la víctima, de acceder a un resarcimiento”, manifestó.
Sostuvo, además, que en principio la responsabilidad de pagar recae sobre la empresa y que si esta no puede cubrir todas las reclamaciones —que podrían venir de unas 400 personas con distintas razones y montos— los socios no responden automáticamente con su patrimonio.
“Los socios solamente pudieran responder eventualmente por el valor nominal que ellos tengan dentro de la empresa, pero tampoco eso es algo que ocurre de manera automática”, aclaró.
Francisco Álvarez consideró el caso como “complejo” y que esta lamentable tragedia podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia dominicana.
“Yo, honestamente, creo que es un caso que va a ser paradigmático en la República Dominicana porque van a chocar muchos preceptos históricos que tienen cientos de años. Vamos a decir que de cara a lo que se pudiera considerar la necesidad de justicia social”, señaló el experto legal, quien es socio fundador de la firma Fabogados.
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