Por: Richard Medina
La economía dominicana muestra señales claras de desaceleración. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que mide la evolución mensual de la economía, presenta un crecimiento de 2.2% en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con igual período de 2024. El sector construcción, el de mayor importancia, presenta una contracción o caída de 2%.
La situación se refleja en sus insumos. Durante el primer semestre de 2025, la producción de cemento creció solo 3.8% respecto a 2024, mientras que la de varillas disminuyó 2.5%. Según datos del Banco Central, las ventas locales de cemento crecieron apenas 1.1%, y las de varillas cayeron 8.4%. Esta baja demanda se traduce en menor producción y reducción de inventarios. Las pinturas, en cambio, aumentaron 20%, probablemente por reposición de existencias o culminación de proyectos que pasaron la fase gris.
La menor producción y venta de materiales para la construcción es un indicador de que menos proyectos se están realizando, especialmente para viviendas. De acuerdo con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, entre enero y junio de 2025 se otorgaron 436 permisos para edificios de apartamentos, cifra inferior a los 448 registrados en igual período de 2024.
El inicio de nuevos edificios residenciales enfrenta un obstáculo considerable: altas tasas de interés. Estas se mantienen altas en República Dominicana por los altos niveles de tasas de interés en Estados Unidos: Si las tasas estadounidenses permanecen elevadas, las dominicanas se deben mantener altas para evitar que el precio del dólar suba.
En consecuencia, las cuotas de la hipoteca superan con frecuencia el costo de un alquiler promedio, lo que desincentiva la compra de vivienda por parte de familias de clase media y media-baja. Además, se prevé una menor demanda de apartamentos de inversión por parte de dominicanos residentes en Estados Unidos, ante el menor crecimiento económico proyectado para esa nación..
Otro factor que limita la construcción es la baja ejecución de obras públicas. Aunque existen recursos disponibles, las instituciones públicas muestran dificultades para iniciar o finalizar obras de infraestructura. El escollo parece estar en la estructuración de nuevos proyectos, en la gestión para concluir los existentes, y en ordenamiento de pago una vez que los contratistas someten una factura cubicada.
Frente a este panorama, se podría pensar en varias medidas. Primero, y lo más importante, es esencial diseñar e implementar políticas públicas que permitan reducir la tasa de interés de los nuevos préstamos para vivienda. Fomentar la titularización de hipotecas de mejor calificación para que estas puedan ser compradas por inversionistas profesionales, como las AFP, permitiría ampliar los plazos y ofrecer tasas fijas por más de diez años, reduciéndolas gradualmente.
En segundo lugar, se recomienda ejecutar un programa agresivo de construcción de pequeñas obras públicas -como multiusos, parques, caminos vecinales- que estén distribuidas en todo el país. Esto permitiría aumentar la participación del Estado en la economía.
En tercer lugar, se deben reducir los tiempos de otorgamiento de permisos en instituciones y pago de cubicaciones de los ingenieros que están construyendo obras del Estado. La burocracia no debe convertirse en un obstáculo para la inversión ni para la ejecución de obras.
La economía está desacelerada y la construcción continúa cayendo, lo que genera un impacto negativo en la industria local. Resulta urgente que las autoridades adopten medidas oportunas para reactivar este sector clave del crecimiento nacional.
