BRUSELAS. EFE.— La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo aprobó este martes el reglamento que establecerá las bases para la creación del euro digital, una moneda electrónica impulsada por la Unión Europea con el objetivo de ofrecer una alternativa propia para los pagos digitales y reducir la dependencia de empresas extracomunitarias como Visa y Mastercard.
La aprobación del informe marca un paso clave en el proceso legislativo, ya que una vez sea ratificado por el pleno del Parlamento Europeo servirá como posición oficial de la Eurocámara en las negociaciones con los Estados miembros para acordar el texto definitivo de la normativa.
La futura legislación será esencial para que el Banco Central Europeo (BCE) pueda emitir el euro digital, aunque la decisión final sobre su puesta en circulación seguirá dependiendo de la institución monetaria.
«Es un día histórico para Europa», afirmó la presidenta de la comisión parlamentaria, Aurore Lalucq, tras la votación.
Versiones online y offline
os eurodiputados respaldaron la creación del euro digital tanto en modalidad online, con conexión a internet, como offline, sin necesidad de acceso a la red. Ambas versiones funcionarían como moneda de curso legal complementaria al efectivo y permitirían realizar pagos digitales en establecimientos físicos y plataformas de comercio electrónico.
La modalidad offline sería una de las principales innovaciones del proyecto. Según explicó el eurodiputado Fernando Navarrete, responsable del expediente legislativo, esta versión permitiría efectuar pagos directamente entre dispositivos móviles sin necesidad de conexión a internet ni intervención de una infraestructura central.
Esto significaría que las operaciones no quedarían registradas, ofreciendo un nivel de privacidad similar al de los pagos en efectivo.
Por su parte, la versión online incorporaría funciones adicionales y podría integrarse en las aplicaciones bancarias existentes o utilizarse mediante una plataforma desarrollada por el propio BCE.
Garantías de privacidad
Uno de los aspectos más debatidos del proyecto ha sido la protección de la privacidad de los usuarios. El reglamento contempla que las transacciones sean anonimizadas, de manera que el BCE no tenga acceso directo a la identidad de los ciudadanos.
La información personal solo podría ser consultada en circunstancias justificadas, como investigaciones relacionadas con fraude o actividades ilícitas.
Gratuito para los ciudadanos
La propuesta establece que el uso del euro digital será completamente gratuito para los ciudadanos. Sin embargo, los comercios deberán pagar comisiones a las entidades financieras encargadas de procesar las operaciones, de forma similar a lo que ocurre actualmente con los pagos mediante tarjetas bancarias.
El Parlamento Europeo también introdujo una disposición para garantizar que ningún comerciante termine pagando más por aceptar euros digitales que lo que actualmente desembolsa por otros medios de pago electrónicos.
Este punto podría convertirse en uno de los principales temas de debate durante las negociaciones con los Estados miembros, ya que no figura en la propuesta inicial de la Comisión Europea ni en el acuerdo alcanzado previamente por los gobiernos nacionales.
Límites para evitar riesgos financieros
El proyecto prevé además establecer un límite máximo de euros digitales que cada ciudadano podrá mantener en su monedero electrónico.
La medida busca evitar que los usuarios trasladen masivamente sus depósitos bancarios tradicionales al nuevo sistema digital, una situación que podría afectar la estabilidad financiera y la liquidez de las entidades bancarias.
Posible lanzamiento en 2029
Se espera que el pleno del Parlamento Europeo vote el informe durante el próximo mes de julio. Si recibe el respaldo definitivo, las negociaciones con los Estados miembros podrían comenzar inmediatamente.
De alcanzarse un acuerdo antes de finales de este año, el calendario previsto por el Banco Central Europeo contempla que las primeras emisiones del euro digital puedan realizarse a partir de 2029.
Con esta iniciativa, la Unión Europea busca reforzar su soberanía financiera y adaptarse a la creciente digitalización de los sistemas de pago, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de privacidad y seguridad para los usuarios.
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