La JCE ha advertido sobre violaciones a la Ley 33-18, pero el proselitismo continúa. No se han impuesto sanciones, y se considera que las leyes carecen de medidas efectivas para evitarlas.
Wilka Matos
SANTO DOMINGO. R.D.— Desde la conclusión del pasado proceso electoral y la decisión del presidente Luis Abinader de no impulsar una reforma constitucional para optar por un tercer mandato, las actividades y declaraciones proselitistas han marcado el escenario político, pese a que la Ley 33-18 establece que la precampaña electoral inicia el primer domingo de julio de 2027.
Advertencias sin resultados
Ante las constantes violaciones a la legislación, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido advertencias e intimaciones con el objetivo de detener el proselitismo anticipado, aunque estas medidas no han logrado frenar las actividades de dirigentes oficialistas y opositores.
En agosto del pasado año, el órgano electoral intimó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) al considerar un “hecho manifiestamente notorio” las manifestaciones públicas de carácter proselitista realizadas por varios de sus dirigentes.
Sin embargo, la situación se ha mantenido con actividades encabezadas por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y pronunciamientos de Wellington Arnaud, ambos aspirantes a la candidatura presidencial.
En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García ha realizado actos en distintas partes del país y en Estados Unidos para promover sus aspiraciones. Asimismo, sectores de esa organización han expresado respaldo a una eventual candidatura de Gonzalo Castillo.
La JCE también ordenó el retiro de vallas publicitarias colocadas por el partido Camino Nuevo promoviendo al senador Omar Fernández, aunque estas volvieron a ser instaladas meses después.
Leyes sin aplicación
La Ley 33-18 establece la inadmisibilidad de las candidaturas de quienes realicen campaña fuera del tiempo permitido, mientras que la Ley 20-23 contempla sanciones administrativas de uno a 200 salarios mínimos.
Pese a ello, hasta el momento no se han registrado sanciones por estas violaciones. Para el delegado del PRSC, Tácito Perdomo, las leyes carecen de medidas suficientemente contundentes y considera necesario establecer consecuencias más severas para evitar que continúen las infracciones al régimen electoral.
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