Cristina Mendoza
Comprar el pan, retirar un medicamento o salir del supermercado con los alimentos de la semana suele terminar con el mismo gesto: recibir una funda para llevarlo todo a casa. Ese empaque, que se utiliza durante unos minutos y después se desecha, está en el centro de un cambio que los comercios dominicanos deberán aplicar en diciembre.
La Ley 98-25 establece un plazo de doce meses desde su entrada en vigor para prohibir la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso. La disposición alcanza a los establecimientos comerciales y forma parte de la reforma a la legislación sobre gestión de residuos sólidos. Durante la transición, los negocios deben desarrollar campañas para reducir su consumo y promover bolsas reciclables o reutilizables.
Para el consumidor, la pregunta inmediata es cuánto tendrá que pagar. Para la política ambiental, la cuestión va más lejos: ¿la medida conseguirá que se utilicen menos fundas o terminará convirtiendo en otro cargo lo que antes se entregaba sin cobrar?
Una compra que necesita preparación
Llevar una bolsa desde casa puede parecer un cambio pequeño. Requiere recordarla antes de salir, conservarla y volver a utilizarla. También supone que el cliente encuentre información clara sobre las opciones disponibles cuando llegue a un negocio sin ella.
Los comercios tendrán que acompañar ese cambio. La transición plantea preguntas concretas: ¿qué alternativas ofrecerán?, ¿cuánto costarán?, ¿cómo explicarán sus características al comprador?
La prohibición se refiere a regalar fundas plásticas de un solo uso. Su alcance no equivale a la desaparición de todos los empaques ni establece, por sí mismo, un precio uniforme que los establecimientos deban cobrar por cada funda. Esa diferencia debe quedar clara antes de llegar a la caja. Un cliente necesita saber qué está comprando, cuánto cuesta y qué alternativa tiene para transportar sus productos.
Cobrar una funda puede modificar una decisión de compra. El resultado ambiental dependerá de que ese cambio reduzca el uso de materiales desechables y favorezca la reutilización.
El plástico después de la compra
Una bolsa presentada como reciclable necesita encontrar una ruta de recogida y aprovechamiento. ¿Dónde podrá depositarla el consumidor? ¿Cómo llegará hasta quienes pueden recuperarla?.
La propia reforma concede a los ayuntamientos y juntas distritales un plazo máximo de treinta y seis meses desde su entrada en vigor para promover progresivamente la separación en la fuente y la recolección selectiva. La transición de los comercios y la organización de esos servicios tienen, por tanto, calendarios distintos.
Mientras se desarrollan ambos procesos, la responsabilidad debe repartirse entre quienes producen los empaques, los establecimientos que los ofrecen, las autoridades que organizan la gestión de residuos y quienes los utilizan.
El Ministerio de Medio Ambiente reconoce ese enfoque en el proyecto Plastic Reboot, iniciado en mayo de 2026 junto con el PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La iniciativa contempla reducir plásticos no esenciales, rediseñar productos y fortalecer la responsabilidad de los productores sobre los residuos que generan.
El cambio será visible en la caja del supermercado, la farmacia o el colmado. Para que la medida cumpla su propósito, el consumidor deberá encontrar algo más que una funda con precio: información, alternativas y un sistema que permita desechar menos.
(c) MEDIOS PANARAMA
