Las Galeras, Samaná.- Uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en la provincia de Samaná enfrenta una crisis que amenaza su desarrollo económico, social y turístico: la prolongada escasez de agua potable.
Durante semanas, residentes, comerciantes, hoteles, villas, apartamentos y restaurantes han padecido la falta de un servicio esencial, sin que hasta el momento exista una solución definitiva ni un plan de acción claramente comunicado a la población.
La crisis no solo afecta a las familias de menores recursos. También pone en riesgo la principal actividad económica de la comunidad: el turismo. Un destino no se sostiene únicamente por sus playas y paisajes; requiere servicios básicos eficientes que garanticen calidad de vida a sus habitantes y confianza a quienes lo visitan e invierten en él.
A la preocupación por la falta de agua se suma el creciente descontento por la ausencia de información oficial. Hasta el momento, los representantes del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) no han explicado con claridad cuáles son las soluciones definitivas para superar la crisis, ni han sostenido reuniones con los sectores productivos, empresarios turísticos y organizaciones comunitarias para presentar un cronograma de acciones. Esta falta de comunicación ha incrementado la incertidumbre y el malestar de la población.
La problemática ha trascendido el ámbito comunitario y requiere la intervención del Gobierno central. Además de INAPA, el Ministerio de Turismo y las demás instituciones competentes deben asumir un papel activo para evitar que esta situación continúe deteriorando la imagen de uno de los destinos más importantes del noreste del país.
Las Galeras vive del turismo. Garantizar el acceso permanente al agua potable no es un privilegio, sino una obligación del Estado y una condición indispensable para proteger las inversiones, preservar empleos y asegurar el desarrollo sostenible de la comunidad.
Las Galeras se encuentra en estado de emergencia en materia de agua potable. La población demanda respuestas claras, transparencia, un plan de solución con plazos definidos y acciones inmediatas.
El silencio institucional solo aumenta la incertidumbre de una comunidad que no puede seguir esperando.
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